Cuarenta y tres niñas y adolescentes guatemaltecas, que estaban bajo
resguardo del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del
Estado, han sido objeto de un crimen de lesa humanidad, debido a que
fueron sometidas a privación de libertad, torturas, violación,
esclavitud sexual, embarazo forzado e, inclusive, existen indicios que
pudo haberse pretendido su exterminio. Este crimen también puede ser
catalogado de ejecución extrajudicial siendo que existen suficientes
evidencias de homicidio deliberado con la participación de funcionarios
públicos quienes violentaban, violaban y prostituían a estas niñas y
adolescentes.
Contrario a garantizar la seguridad de estas niñas y
adolescentes, funcionarios e instituciones gubernamentales fueron
negligentes e incapaces, incumplieron con sus deberes y, por
consiguiente, son responsables penal, administrativa y/o políticamente
por esta masacre. Son responsables aquellos que tenían obligación
directa en el resguardo de las niñas y adolescentes, así como el
Director y la Subdirectora de dicho centro, el Secretario de Bienestar
Social de la Presidencia, el Presidente de la República, el director de
la Policía Nacional Civil, el Ministro de Gobernación y la Procuradora
General de la Nación.
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