El presidente Donald Trump ha dejado claro que su presidencia tendrá
una posición sobre todo y en todas partes. También dejó claro que él
solo tomará la decisión final sobre las políticas que seguirá su
gobierno. Él ha escogido dos áreas prioritarias para implementar sus
políticas: México y Siria/Irak, que es la zona de fuerza del Califato o
Estado Islámico (EI). Podríamos llamar a estas dos áreas puntos álgidos (hotspots), donde el magnate está actuando en su modo más provocador.
Se
suponía que México fue el principal asunto de toda su campaña, primero
en su nominación republicana y luego durante la elección presidencial.
Es probable que sus incesantes comentarios ásperos hacia el país y los
mexicanos le hayan ganado más apoyo popular que cualquier otro tema, y
por tanto le dieron la presidencia.
Trump se da cuenta
correctamente de que si no hubiera priorizado realizar acciones contra
México arriesgaba la rápida y seria desilusión de sus más ardientes
simpatizantes. Así que eso hizo.
En sus primeros días en el
cargo, ha reiterado que construirá un muro. Ha asegurado que busca una
revisión importante del TLCAN, y que si eso falla repudiará el tratado. Y
ha repetido su intención de hacer que México pague por el muro
instituyendo un impuesto a todas las importaciones mexicanas a Estados
Unidos.
¿Puede realmente hacer todo eso? Hay problemas legales y
políticos para que implemente el programa. Los obstáculos legales, de
acuerdo con las leyes estadunidenses e internacionales, probablemente no
son tan grandes, pese a que pudiera acusarse a Estados Unidos de estar
violando previsiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Si
eso fuera a suceder, Trump probablemente estaría dispuesto a retirar a
Estados Unidos de la OMC.
Hay obstáculos políticos más serios,
que hacen menos posible que pueda llevar a cabo su programa pronto y
totalmente. Hay seria oposición en Estados Unidos al proyecto, sobre
bases tanto morales como pragmáticas. La objeción pragmática es que un
muro sería ineficaz para reducir la entrada de trabajadores
indocumentados y meramente incrementará el costo y el riesgo para los
individuos que crucen la frontera. Es interesante que las objeciones
pragmáticas las estén expresando aun los rancheros texanos, que son de
sus más fuertes simpatizantes. Y, por supuesto, hay muchas empresas
estadunidenses que dependen de los trabajadores indocumentados y que
serían grandes perdedoras. Ellos constituirán una fuerza de presión en
el Congreso para debilitar dicha política.
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