La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre la región del Golfo y los países vecinos para que cumplan con sus obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión online y offline.
Los gobiernos de todas las regiones del mundo están criminalizando el activismo por los derechos humanos. Lo hacen persiguiendo a los organizadores de protestas, periodistas, activistas de Internet y líderes de las organizaciones de la sociedad civil en virtud de leyes que tipifican como delito el insulto a figuras públicas, la difusión de información que perjudica el “orden público”, la “seguridad nacional” y las “fake news”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário