La Unión Europea exigió a España dos cosas en materia laboral para transferir el segundo tramo de los fondos Next Generation (12.000 millones de euros): poner fin a la temporalidad y a la precariedad. A la UE poco le importa si Mariano Rajoy impulsó una reforma en 2012 que pauperizó aún más los salarios de la clase trabajadora, y que seguía la estela iniciada por José Luís Rodríguez Zapatero en su texto de 2010, que sentó las bases para anular la negociación colectiva, que la indemnización en un despido sea de 20 o de 45 días por año trabajado y quién firma un convenio laboral, si los sindicatos estatales o las centrales mayoritarias en Euskadi y Galicia. Yolanda Díaz ha cumplido con lo prometido en Europa: alcanzar un acuerdo a tres bandas para impulsar medidas contra la temporalidad y la precariedad asociada a la falta de ingresos constantes. A cambio de alcanzar el consenso con la patronal, algo bien visto en Bruselas, ha incumplido el pacto firmado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.
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