El día 24 de octubre, a las siete de la tarde, se celebró la audiencia
pública del distrito de Nou Barris. A la audiencia se presentaron, entre
otros, 30-40 vecinos de Ciutat Meridiana, con sus camisetas verdes y
unos globos colorados.
Después de una breve exposición de los puntos
del orden del día (cuestiones poco relevantes, relativas a temas
forestales y a la patrimonialización de antiguos edificios rurales como
Can Valent y la Granja del Rich), se dejó espacio para la petición de
turnos de palabra desde el público. Fueron muchísimas las manos que se
levantaron.
En efecto, el problema detectado en las últimas
semanas en el barrio tiene que ver con una serie de notificaciones de
desahucios, por parte de Mossos, a vecinos “okupas” que viven en pisos
de propiedad de bancos que han sido cedidos al Ayuntamiento o comprados
por el Patronato. A estos vecinos el Ayuntamiento les ha prometido la
formalización de contratos de alquiler social. Sin embargo, el banco en
cuestión, Sareb, se habría “olvidado” de parar el procedimiento penal;
por lo tanto, la maquinaria jurídica ha seguido su camino y los Mossos
se han presentado a las puertas de estas familias. Los contratos de
alquiler social todavía no se han firmado, y los vecinos en cuestión se
encuentran totalmente desamparados frente a la llegada de los Mossos,
sin títulos que legitimen su presencia en el piso (justo hace un par de
semanas conté el caso de Joy, que se llevó un disgusto tan grande que
tuvimos que llamar a la ambulancia). En pocas palabras, personas a la
espera de un alquiler social han visto llegar, en su lugar, a los
Mossos.
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