Este 10 y 13 de marzo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los concejales Marc Serra y Lucía Martín estaban llamados a declarar ante el juez por una demanda interpuesta por el fondo de inversión Vauras Investment. Este grupo finlandés achacaba a estos altos cargos municipales ocho delitos, prevaricación, malversación, extorsión y prevaricación entre ellos. El motivo: una multa del ayuntamiento de 417.000 euros al fondo buitre por incumplir la ley catalana 24/2015, que obliga a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que van a ser desahuciadas. En este caso, el fondo se había hecho con el edificio conocido como Bloc Llavors y pretendía desalojar a sus habitantes sin ofrecerles una alternativa habitacional vulnerando la llamada ley antidesahucios de Catalunya. La multa fue respondida con una querella, archivada en 2020 y reabierta por la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado año.
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