La excepcionalidad de la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anclado desde hace tres años y medio en una situación de interinidad por el bloqueo del Partido Popular, ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) para sustituir a los dos magistrados que le corresponden sin esperar al órgano de gobierno de los jueces, frente a la regla consolidada de que el recambio se produzca en bloque. Con la normativa actual, se había suscitado un debate jurídico sobre si el Ejecutivo podía o no renovar estos cargos si antes el CGPJ no cubría las vacantes de su cupo.
El Congreso ha avalado este jueves esa propuesta, registrada por el PSOE el pasado mes de junio, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con 187 votos a favor, 152 votos en contra y 7 abstenciones. La modificación ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. Los conservadores habían exigido que el PSOE retirase esta reforma a cambio de sentarse a negociar la renovación del CGPJ, una condición que los socialistas no han aceptado.
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