Tortura e impunidad en la Asociación Estadounidense de Psicología

Ha pasado más de un año desde que el Presidente Barack Obama reconoció que “inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de Obama, el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos para permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es más que un eufemismo para referirse a la tortura. Del complejo carcelario de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak y la base aérea de Bagram en Afganistán, cientos, quizá miles de personas fueron sometidas a tortura en nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A excepción de algunos soldados raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido responsabilizada de esto. La única persona de jerarquía enviada a prisión por el programa de torturas fue John Kiriakou, no por haber practicado la tortura, sino por haberla denunciado como informante.

La apariencia legal con la que se cometieron estos actos atroces se fundó en gran medida en la cooperación de psicólogos profesionales que capacitaron y asesoraron a los interrogadores y supervisaron el proceso de “quebrar” de los prisioneros. Esta cooperación, a su vez, requirió la aprobación oficial de la Asociación Estadounidense de Psicología ( APA , por sus siglas en inglés), la mayor organización de psicólogos profesionales del mundo. En 2006, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría junto con la Asociación Estadounidense de Medicina prohibieron que sus miembros participaran en interrogatorios militares. No así la APA .

Este mes, la APA publicó un sorprendente informe independiente que confirma lo que denunciantes y psicólogos disidentes han sostenido durante casi diez años: que la APA conspiró con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA para manipular las políticas, reuniones y a los miembros de la asociación para lograr que la APA aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta directiva de la asociación encargó el año pasado la realización de una investigación independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El informe de 542 páginas, conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la APA había afirmado en varias oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros había sido cómplice de tortura.

Uno de los psicólogos disidentes es Stephen Soldz, catedrático de la Facultad de Psicoanálisis de Boston y cofundador de la Coalición por una Psicología Ética. “Desde al menos 2005 ha habido un gran debate en la asociación y entre colegas de la profesión acerca de la participación de psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional y en la práctica de la tortura", dijo Soldz en Democracy Now! tras la publicación del informe.