El sesgo político de gran parte de la judicatura, y su sensación de impunidad al dictar sentencias ideológicas, solo la lleva a silenciar a quienes ponen en cuestión el orden establecido y tradicional.
En febrero de 2021 la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunia Mijatovic, dirigió una carta a las autoridades españolas mostrando su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión en España e instándolas a modificar varios artículos del Código Penal. Lo más llamativo de esa misiva es que, en esencia, justificaba su petición en que se trata de preceptos redactados de forma ambigua que muchos jueces españoles interpretan de manera contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. De esta manera, venía a señalar directamente al poder judicial como responsable del recorte de derechos y el progresivo alejamiento de nuestro país de los estándares democráticos vigentes en Europa.
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