Los socios de Gobierno (Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) llegaron a un acuerdo para que la Proposición de Ley quedara desbloqueada y siga con el trámite parlamentario correspondiente. Una norma que entró en el Congreso hace más de cuatro años, que quedó paralizada desde entonces, por el adelanto electoral y por las 146 ampliaciones del periodo de enmiendas.
En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera. Los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades.
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